Sueño de una tarde de verano en la Albufera

Texto: Luis Miguel Redondo 

Introducción.

En marzo pasado la Presidenta de la Comunidad de Madrid, en una reunión con inversores, pone sobre la mesa una futura remodelación del Estadio de Vallecas. Una nueva oportunidad de negocio para el manido eufemismo de la «colaboración pública-privada» (para enfado mayúsculo de Raúl Martín Presa). En vallecano, privatización de la gestión de un bien público. Habla de una inversión de unos 60 millones de Euros.

A finales de junio se filtra la noticia de un proyecto de remodelación del Estadio como promesa electoral del PP en las elecciones autonómicas previstas para 2027. Al día siguiente, el Consejero presenta, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el proyecto. En un día se pasa de promesa electoral a un proyecto del Gobierno de la Comunidad de Madrid cifrado en… unos 60 millones de Euros.

El 28 julio, como resultado de una auditoría previa a la redacción del proyecto de remodelación, la Comunidad de Madrid decide resolver cautelarmente la concesión de la gestión del Estadio al Rayo Vallecano de Madrid, SAD. Los motivos son el incumplimiento de las obligaciones por parte del club, la no entrega de la documentación requerida y graves problemas de seguridad que impiden la utilización del Estadio.

A esta sucesión de fechas hay que anteponer una producida 7 años antes. En julio de 2019 la Comunidad de Madrid aprueba la concesión de la gestión del Estadio al club. La concesión es por 20 años por lo cual finalizaría en 2039.

Nudo

La concesión actual es un obstáculo para los planes anunciados por Ayuso y su Gobierno. Aquí aparece el «as en la manga», en forma de auditoría, para revocar la concesión de forma previa a la remodelación.

La Comunidad de Madrid es conocedora a priori de las conclusiones de la auditoría. Ha consentido, el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el convenio vigente hasta 2019 y en la actual concesión. No es posible llegar a la situación descrita en la misma sin una administración mirando hacia otro lado y haciendo oídos sordos a las quejas de la afición rayistas.

La «obsolescencia generalizada» y el «severo incumplimiento normativo» son el fruto de un claro incumplimiento por parte del club y de la Consejería de las obligaciones contenidas en la concesión. El club las incumple y la Consejería no vigila el cumplimiento.

Uno y otra han estado poniendo en peligro la seguridad de miles de personas durante todo este tiempo, en mayor grado en los días de partido, pero también en el uso diario del mismo. Por supuesto, las dos partes niegan ser responsables de la situación.

Nadie entienda lo anterior como una exoneración de responsabilidades hacia Raúl Santiago Martín Presa y su «consejo de administración». Son los máximos responsables, pero no los únicos. No dudo que la afición rayista luchará para que las mismas tengan consecuencias en ámbitos administrativos, judiciales y políticos.

Tras la suspensión cautelar de la concesión se abre un proceso administrativo que se dilatará en el tiempo. El procedimiento administrativo es lento y Presa intentará poner todos los palos en la ruedas del mismo, tanto en lo administrativo como en el ámbito judicial.

Por una parte, la Comunidad necesita la rescisión de la concesión como paso previo a sus planes de remodelación del Estadio. No tiene sentido dejarlo en manos de quien ha demostrado que nada le importa cuidarlo y mantenerlo. Sin ella tampoco hay negocio para los inversores privados. Además el tiempo apremia porque las elecciones están cerca y Ayuso necesita quitarse este marrón de enmedio en un barrio donde obtuvo buenos resultados en las anteriores.

Presa necesita mantener la concesión. Primero: para tener un Estadio por poco más de ochenta mil euros anuales, mientras sigue con su sueño húmedo del «gran estadio». Segundo: porque el nuevo concesionario va a pedir una contraprestación mucho mayor que la actual por el uso del Estadio remodelado.

La Liga y la Federación permanecen calladas para hacer creer que este tema no va no ellas y no les salpique su inacción durante años. Intentan salvar su imagen y que las salpicaduras sean las menores. Tebas, que tanto ha tenido que ver con la negra historia reciente del club, permanece mudo cuando la verborrea es su estado natural.

El Consejo Superior de Deportes ya patinó bastante a finales de julio como para querer volver a meterse en arenas movedizas. Bastante metieron la pata su Presidente como el Ministro Bolaños para que le queden ganas al PSOE de Madrid y al Ministrocandidato Óscar López de que la vuelvan a meter.

Las víctimas de esta situación son los que nunca han callado: la afición rayista y el barrio de Vallekas. Años llevan denunciando la muerte anunciada del Estadio y la negligente gestión del club más allá de los éxitos deportivos del primer equipo masculino.

Desenlace

Cota y Trejo lo han dejado claro estos días. Michel ya lo dejó claro con anterioridad. En lo inmediato, Presa debe dar un paso al lado. El problema es que no hay nadie detrás para asumir la gestión inmediata del club. Ni su familia ni Sardá parecen alternativas viables.

Aquí aparece el segundo «as en la manga», en forma de inversor extranjero, que resuelva simultáneamente el enredo de la concesión del Estadio y la propiedad del Rayo Vallecano de Madrid, SAD. A música celestial y de caja registradora les resuenan los oídos a los que escucharon a Ayuso en marzo pasado.

En manos de tahúres está el futuro del Rayo Vallecano, como ya lo estuvo en el momento de su conversión en Sociedad Anónima Deportiva.

La afición rayista es la única que puede dar un golpe en la mesa y reventar la partida en la que está en juego nuestro Rayo. Para ello es imprescindible, aunque no suficiente, su unidad. La utopía está en los genes de Vallekas. Nadie puede garantizarnos la victoria, pero no queda otra que jugarse la vida en esta partida que va mucho más allá de lo futbolístico.